j. l. f. corral | valladolid 29/09/2013
Existe temor a un colapso judicial y la única manera de evitarlo pasa por solicitar refuerzos si es preciso. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado a los jueces decanos y audiencias provinciales que aporten un informe detallado de cuántas demandas relacionadas con las participaciones preferentes y otros productos financieros (deuda subordinada o bonos convertibles) han entrado en los juzgados de Primera Instancia.
También de cuáles son sus previsiones. Con los datos parciales que han proporcionado las entidades financieras, la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae) estima que los afectados pueden alcanzar los 80.000 en Castilla y León. De ellos, 25.000 lo serían por los productos de las entidades Caja España y Caja Duero, que hoy integran el Banco Ceiss y que quieren fusionarse con Unicaja. Estos usuarios esperan la oferta de canje o compensación de esta última a los clientes descontentos de las dos primeras. Si no la consideran suficiente, la avalancha de demandas está asegurada. «La gente está esperando antes de entrar en los juzgados, pero con los papeles en la mano», aseguran en Adicae.
La expectación en el Tribunal Superior de Justicia es evidente. Según fuentes del TSJ, su presidente, José Luis Concepción, solicitó a principios de este mes el informe sobre las preferentes ante los rumores de un incremento significativo en los juzgados de Primera Instancia de entradas relacionadas con reclamaciones económicas.
El juez decano de León, Alberto Gómez, ha enviado su informe tras reunir la información de la plataforma de afectados. De momento los juzgados leoneses gestionan con normalidad las demandas ya presentadas.
Fuente: Diario de León
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