Los preferentistas temen perder el 90% del dinero con la oferta de Unicaja
Califican de «estafa» la propuesta de fusión y seguirán adelante con las denuncias.
c. Tapia /R. Sastre | león 07/10/2013
La oferta lanzada por Unicaja para absorber al banco Ceiss no gusta a los afectados de León. Su presidente, Basilio Garmón, instó ayer a los afectados a seguir adelante con las denuncias ante lo que considera «una estafa más» que hará perder a los preferentistas —15.800 en la provincia de León— el 90% de su capital.
El presidente de la Plataforma de Afectados por las Preferentes de León quiere impedir que los damnificados firmen las condiciones que impone Unicaja «que ha introducido dos quitas más» que los dejará casi sin dinero.
La indignación de los preferentistas por la oferta de Unicaja se volcó ayer también contra el portavoz socialista de Hacienda en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, que considera positiva la oferta de la entidad malagueña para la fusión. «Es un personaje que sobra», asegura Garmón. «He hablado con el secretario provincial, Tino Rodríguez, y con los senadores del PSOE para que en la próxima conferencia política le pidan la dimisión». Garmón recordó que Martín ocupó un puesto de responsabilidad con Santos Llamas como presidente de la entidad.
La propuesta
El presidente de la plataforma asegura que la oferta de Unicaja hará perder dinero a los preferentistas. Por cada 1.000 euros de las preferentes de Caja Duero se han quedado en 750,70 bonos convertibles Ceiss y con la oferta de Unicaja pasarían a 108 euros convertibles en acciones más 0,36 euros en metálico y 108 euros en bonos convertibles perpetuos. En la última de las cuatro quitas, en junio del 2016 el preferentista recibiría 91 acciones de Unicaja más 3 céntimos y los 108 bonos perpetuos.
Garmón también insiste en que los bonos perpetuos sólo tienen la garantía patrimonial de Unicaja «pero si hay cierre o suspensión de pago sno cobran».
El vicepresidente de la asociación, Raúl Prudencio, asegura que los preferentistas «no van a rendirse» y van a plantar batalla en los tribunales.
Los ahorradores damnificados por la comercialización de estos productos tóxicos tachan de «surrealista» e «indignante» que el Gobierno —a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Frob—esté dispuesto a «dejar que el pueblo vaya a los juzgados y pagar después el coste de las sentencias».
Aluden con ello al compromiso adquirido por el director general del Frob, Antonio Carrascosa, de garantizar 1.250 millones de capital —el valor total de los instrumentos híbridos y deuda subordinada de Ceiss— y cubrir los costes judiciales ante posibles demandas, según recogía Unicaja en el hecho relevante, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Prudencio advierte de que entre los preferentistas hay «mucha unidad», un «enfado creciente», y ninguna intención de tirar la toalla.
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