La Justicia tarda cinco años en sentar a seis exdirectivos de cajas de ahorros en el banquillo
Por el momento, sólo exdirectivos de la CAM y de la pequeña Caixa Penedès deben sentarse en el banquillo de los acusados.
Antigua sede de la CAM
E.B. / 12-02-2014 • 13:42
En marzo de 2009, el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha (CCM), primer paso de una crisis que ha ocasionado la desaparición de la mayor parte de las antiguas cajas de ahorros y ha costado a los contribuyentes por el momento 61.000 millones de euros. Sin embargo, pasados cinco años sólo ahora seis banqueros se enfrentan al banquillo de los acusados, si bien la justicia investiga las actuaciones de hasta 150 antiguos gestores.
El exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y el expresidente de la comisión de control de la entidad, Juan Ramón Avilés, están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, después de que la Fundación CAM, que inició la querella a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), haya presentado un escrito para la apertura de un juicio oral contra estos dos exdirectivos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para Abad y dos años y medio para Avilés.
Esta es la primera de las tres causas que ahora hay abiertas en la Audiencia Nacional y cuya instrucción está más avanzada. En las otras dos se investigan algunos negocios dudosos, entre ellos en México. De hecho, tanto López Abad como el exdirector de Empresas de la CAM, Daniel Gil, ya han visitado la cárcel -que abandonaron tras abonar sus respectivas fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros- por defraudar presuntamente 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras. En total, hasta 30 exconsejeros de la entidad alicantina están siendo investigados en estas diferentes piezas.
Junto a estos exdirectivos de la CAM, sólo han llegado al banquillo de los acusados los antiguos gestores de la pequeña Caixa Penedès, por haberse garantizado supuestamente unos planes de pensiones millonarios de hasta 14 millones de euros. En concreto, la Audiencia Nacional ha fechado para mayo el inicio del juicio.
La investigación se centra en Ricard Pagès, expresidente de Caixa Penedès, que se enfrenta a una petición de cárcel de tres años y medio, y otros tres exdirectivos: el director general de la entidad financiera, Manuel Troyano; y los directivos Santiago José Abella y Juan Caellas.
Aunque por el momento sólo seis banqueros se enfrentan al banquillo de los acusados, lo cierto es que la Justicia investiga en total a 150 antiguos gestores de las cajas de ahorros.
El último escándalo surgido, hasta el momento, y en el que más banqueros se han visto implicados es el de Caixa Catalunya, después de que el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona haya imputado a 54 exconsejeros y exdirectivos de la entidad catalana por subirse el sueldo en 2010, año en el que la entidad fue rescatada por primera vez.
Entre los imputados se encuentra Adolf Todó, que fuera entonces director general de la entidad y posteriormente asumiera la presidencia de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que este mismo año fuese despedido de su puesto. Sin embargo, el más llamativo de los denunciados es Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya y con una dilatada experiencia política a sus espaldas, desde la alcaldía de Barcelona hasta la vicepresidencia del Gobierno con Felipe González.
La ya habitual lentitud de la Justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumula, tras CatalunyaCaixa, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.
Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida, a la que se ha unido recientemente la falsedad contable.
Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida. Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción.
Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
El exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y el expresidente de la comisión de control de la entidad, Juan Ramón Avilés, están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, después de que la Fundación CAM, que inició la querella a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), haya presentado un escrito para la apertura de un juicio oral contra estos dos exdirectivos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para Abad y dos años y medio para Avilés.
Esta es la primera de las tres causas que ahora hay abiertas en la Audiencia Nacional y cuya instrucción está más avanzada. En las otras dos se investigan algunos negocios dudosos, entre ellos en México. De hecho, tanto López Abad como el exdirector de Empresas de la CAM, Daniel Gil, ya han visitado la cárcel -que abandonaron tras abonar sus respectivas fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros- por defraudar presuntamente 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras. En total, hasta 30 exconsejeros de la entidad alicantina están siendo investigados en estas diferentes piezas.
Junto a estos exdirectivos de la CAM, sólo han llegado al banquillo de los acusados los antiguos gestores de la pequeña Caixa Penedès, por haberse garantizado supuestamente unos planes de pensiones millonarios de hasta 14 millones de euros. En concreto, la Audiencia Nacional ha fechado para mayo el inicio del juicio.
La investigación se centra en Ricard Pagès, expresidente de Caixa Penedès, que se enfrenta a una petición de cárcel de tres años y medio, y otros tres exdirectivos: el director general de la entidad financiera, Manuel Troyano; y los directivos Santiago José Abella y Juan Caellas.
Aunque por el momento sólo seis banqueros se enfrentan al banquillo de los acusados, lo cierto es que la Justicia investiga en total a 150 antiguos gestores de las cajas de ahorros.
El último escándalo surgido, hasta el momento, y en el que más banqueros se han visto implicados es el de Caixa Catalunya, después de que el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona haya imputado a 54 exconsejeros y exdirectivos de la entidad catalana por subirse el sueldo en 2010, año en el que la entidad fue rescatada por primera vez.
Entre los imputados se encuentra Adolf Todó, que fuera entonces director general de la entidad y posteriormente asumiera la presidencia de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que este mismo año fuese despedido de su puesto. Sin embargo, el más llamativo de los denunciados es Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya y con una dilatada experiencia política a sus espaldas, desde la alcaldía de Barcelona hasta la vicepresidencia del Gobierno con Felipe González.
La ya habitual lentitud de la Justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumula, tras CatalunyaCaixa, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.
Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida, a la que se ha unido recientemente la falsedad contable.
Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida. Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción.
Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
Fuente: EL BOLETIN.com
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