Los afectados de la CAM critican al Banco de España y la CNMV por retrasar la investigación de Gómez Bermúdez
Ni el Banco de España ni la CNMV han remitido todavía los informes que ha pedido el juez para investigar las reclamaciones presentadas por los antiguos clientes de la CAM.
CAM
E.B. / 14-02-2014 • 15:35
Enfado entre los afectados de la CAM por la tardanza tanto delBanco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la hora de enviar al juez de la Audiencia NacionalJavier Gómez Bermúdez los informes necesarios para que se pueda cerrar la instrucción de su caso contra los antiguos gestores de la caja alicantina.
Según señala Carlos Pena, asesor de la Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas) en declaraciones a ElBoletin.com, el juez Bermúdez está todavía a la espera de que la CNMV le envíe el informe original, de septiembre de 2011, en el que se alertaba de una manipulación en los precios de las participaciones preferentes, que no eran fijados por el mercado.
El magistrado solicitó a finales de octubre este informe al regulador, pero cuatro meses después aún no se ha remitido, se lamentan los afectados de la CAM, a pesar de que no es un informe que deba ser elaborado de nuevo, sino tan sólo volverse a enviar. En el caso del Banco de España, Bermúdez solicitó al supervisor otro informe en el que se podría demostrar que los antiguos directivos de la CAM “maquillaron” los balances de la entidad para poder justificar sus sueldos y pensiones. Estos dos documentos son necesarios para el juez pueda concluir la instrucción, y hasta entonces, todo el proceso se encuentra parado. Tanto la CNMV como el Banco de España han declinado hacer comentarios al respecto.
Los múltiples aspectos de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) obligaron al juez Bermúdez a formar piezas separadas con las distintas acusaciones. En ese sentido, esta misma semana se conocía que, en la más avanzada de todas, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para el exdirector de la CAM Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, acusados de de repartir dietas irregulares y financiar negocios inmobiliarios en contra del interés de la entidad.
Sin embargo, ésta es la única pieza en la que no se encuentra la Plataforma CAM, a pesar de que este colectivo fue el primero en llevar a los tribunales a los antiguos responsables de la caja, sumándose después tanto la Fundación CAM (heredera directa de la CAM) como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España.
Por ello, la tardanza ha levantado las críticas de los afectados de la CAM, que ya preparan un calendario de movilizaciones y manifestaciones, según reconoce Pena. La próxima semana comenzarán a solicitarse los permisos para llevar a cabo estas protestas, para las que aún no hay fechas cerradas.
El Banco de España decidió en julio de 2011 intervenir la CAM ante la delicada situación en la que se encontraba la entidad, que posteriormente fue vendida al Sabadell por el precio simbólico de un euro. El rescate podría costar casi 15.000 millones de euros, según reconoció el ministro de Economía, Luis De Guindos, al tiempo que hasta 60.000 minoristas que en su día compraron sus cuotas participativas (similares a las acciones) perdieron sus ahorros.
Según señala Carlos Pena, asesor de la Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas) en declaraciones a ElBoletin.com, el juez Bermúdez está todavía a la espera de que la CNMV le envíe el informe original, de septiembre de 2011, en el que se alertaba de una manipulación en los precios de las participaciones preferentes, que no eran fijados por el mercado.
El magistrado solicitó a finales de octubre este informe al regulador, pero cuatro meses después aún no se ha remitido, se lamentan los afectados de la CAM, a pesar de que no es un informe que deba ser elaborado de nuevo, sino tan sólo volverse a enviar. En el caso del Banco de España, Bermúdez solicitó al supervisor otro informe en el que se podría demostrar que los antiguos directivos de la CAM “maquillaron” los balances de la entidad para poder justificar sus sueldos y pensiones. Estos dos documentos son necesarios para el juez pueda concluir la instrucción, y hasta entonces, todo el proceso se encuentra parado. Tanto la CNMV como el Banco de España han declinado hacer comentarios al respecto.
Los múltiples aspectos de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) obligaron al juez Bermúdez a formar piezas separadas con las distintas acusaciones. En ese sentido, esta misma semana se conocía que, en la más avanzada de todas, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para el exdirector de la CAM Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, acusados de de repartir dietas irregulares y financiar negocios inmobiliarios en contra del interés de la entidad.
Sin embargo, ésta es la única pieza en la que no se encuentra la Plataforma CAM, a pesar de que este colectivo fue el primero en llevar a los tribunales a los antiguos responsables de la caja, sumándose después tanto la Fundación CAM (heredera directa de la CAM) como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España.
Por ello, la tardanza ha levantado las críticas de los afectados de la CAM, que ya preparan un calendario de movilizaciones y manifestaciones, según reconoce Pena. La próxima semana comenzarán a solicitarse los permisos para llevar a cabo estas protestas, para las que aún no hay fechas cerradas.
El Banco de España decidió en julio de 2011 intervenir la CAM ante la delicada situación en la que se encontraba la entidad, que posteriormente fue vendida al Sabadell por el precio simbólico de un euro. El rescate podría costar casi 15.000 millones de euros, según reconoció el ministro de Economía, Luis De Guindos, al tiempo que hasta 60.000 minoristas que en su día compraron sus cuotas participativas (similares a las acciones) perdieron sus ahorros.
Fuente: EL BOLETÍN.com
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