Los informes que Elpidio no conoce pero Salgado sí
Mientras se dedica atención al esperpento del proceso judicial del juez Elpidio José Silva y a la lastimera declaración del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, afloran nuevos datos de uno de los mayores disparates de la historia económica de España. Es sus 78 páginas de informe sobre «la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España» en el dislate de reestructuración de las cajas, ha pasado inadvertido un dato relevante. Entre los diversos protagonistas que montaron, entre otros engendros, la fusión de dos gigantes del ladrillo como Caja Madrid y Bancaja, las cajas catalanas y las gallegas, hubo un alto cargo que pudo evitarlo no solo políticamente, sino formalmente. Era la ministra de Economía de aquel 2010, Elena Salgado, que tenía derecho de veto por muy independiente que fuera el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) en su labor de ordenar el mapa bancario. El Tribunal de Cuentas recuerda que Salgado pudo impedir, para proteger al contribuyente, que se prestaran en forma de participaciones preferentes convertibles los primeros 9.674 millones del llamado Frob 1. Con esta cifra se dio oxígeno coyuntural a esas cajas que aceptaron esas fallidas fusiones cuando eran gobernadas por personalidades del PP siendo ya Rajoy el jefe.
La ministra pudo negarse a firmar esas fusiones entre enfermos que no podían dar nada sano porque tenía la responsabilidad de defender el erario. El Banco de España le envió informes sobre el impacto presupuestario de tales engendros. ¿Qué dijeron a Salgado? Según el Tribunal de Cuentas, «tales memorias no previeron el escenario de la imposibilidad de recompra de las participaciones preferentes convertibles por parte de las entidades de crédito [las cajas] o del impago de los intereses devengados. Sin embargo, fue el que se produjo». ¿Por qué no avisaron? No había que ser un lince en aquella segunda mitad de 2010 -en que España había rozado el rescate como Grecia- de que un escenario posible era que la crisis financiera podía continuar de forma letal para las cajas. El entonces presidente del Frob y lugarteniente de Mafo, Javier Aríztegui, da la explicación en una carta enviada al Tribunal de Cuentas hace unas semanas y a la que ha tenido acceso este diario: Salgado no quería saber nada del futuro para el contribuyente, solo el presente.
«Ningún elemento de la norma reguladora del trámite de oposición del entonces Ministerio de Economía y Hacienda exigía que se elaboraran distintos escenarios, pues este trámite, tal y como estaba configurado, tenía como única finalidad la valoración del impacto presupuestario inmediato de las operaciones en cuestión sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado», afirma Aríztegui. Y el inmediato era jauja. El Estado prestaba a Caja Madrid y compañía al 7,75% y si tardaban en devolver el dinero, daba igual, porque el Tesoro haría negocio al financiarse más barato que el tipo que exigía a las cajas. Se tapaban las quiebras con fusiones sin problema a corto para el erario.
El ex jefe del FROB
Dice que la ministra vio sólo el efecto «inmediato» en el erario
Sin embargo, según el mismo informe del Tribunal de Cuentas, el Frob reconocía ya a cierre de 2011 un deterioro de sus préstamos de 6.877 millones equivalente al... ¡79% de lo desembolsado y el 100% en los casos de BFA-Bankia, Catalunya Caixa y NovaGalicia! Para entonces, Salgado se había ido del Ministerio .
Aríztegui agrega, no obstante, que en la segunda mitad de 2010 «no era previsible la recesión que ha sufrido la economía española en los años posteriores». En la misma línea escribe al Tribunal el actual subgobernador y presidente del Frob -y consejero del Banco de España en la época-, Fernando Restoy. Asegura que las memorias enviadas a Salgado «se basaban en el escenario más probable de ocurrencia». Incluso insiste que «los planes de integración fueron revisados y analizados por el Banco de España, quien concluyó que las entidades beneficiarias individualmente de las ayudas eran fundamentalmente sólidas».
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se limita por su parte en su carta sobre todo a resaltar que de los 107.913 millones de ayudas al sector que cuantifica el Tribunal, hay 9.800 millones de línea de crédito que no han llegado a utilizarse. ¿Y Mafo? En su misiva del pasado 16 de enero dice así: «No tengo ninguna observación adicional a las que realice el Banco de España a las que expresamente me adhiero». Si llega a saber esto Elpidio en sus tiempos de juez.
Fuente: EL MUNDO
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