Andalucía y País Vasco se rebelan contra la ley de cajas de Guindos
Los Ejecutivos regionales temen perder el control de Unicaja y Kutxabank y avisan de que harén valer sus respectivos estatutos de autonomía.
Luis de Guindos, ministro de Economía
E.B. / 09-05-2014 • 12:00
La reforma del Gobierno en la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias impulsada por el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha levantado en armas a Andalucía y País Vasco. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha introducido una enmienda para eliminar las actuales competencias de las Comunidades Autónomas sobre el protectorado de las fundaciones bancarias, y tanto el PSOE andaluz como el PNV ya han avisado de que harán valer sus respectivos estatutos de autonomía.
La enmienda de la discordia es la que establece que para determinar la actividad principal de una fundación bancaria a efectos de atribuir el protectorado al Ministerio de Economía o a la comunidad autónoma se tendrá en cuenta “tanto la implantación territorial de la obra social como la distribución territorial de los depósitos captados por las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente la fundación”.
En concreto el Gobierno central ejercerá el protectorado siempre que la fundación tenga una participación directa o indirecta en la entidad de al menos un 10% del capital o los votos, cuando sea su mayor accionista o cuando el 40% o más de sus depósitos estén captados en otra región. El Congreso aprobó ayer esta enmienda sólo con los votos a favor del PP. PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y Amaiur votaron en contra, mientras que UPyD y CiU se abstuvieron.
El portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, explicó ayer que su rechazo se debía “fundamentalmente” a este cambio. “Esta enmienda no ha sido negociada, no ha habido aviso y no hay explicación, porque la Ley de Cajas se aprobó en diciembre y es inexplicable que tan poco tiempo después se cambie radicalmente”, señaló, para avisar además de “una defensa legítima por parte de las comunidades autónomas de sus competencias estatutarias”.
En la misma línea, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ya criticó que la enmienda fue introducida de manera “nocturna y alevosa”, y acusó al Gobierno del PP de querer “expropiar la capacidad que tienen las comunidades autónomas de planificar e implantar políticas, junto a estas entidades, en el territorio donde se han fundado”. A su juicio, se trata de un “golpe bajo a la estructura económica de Andalucía y va contra nuestro Estatuto de Autonomía”, además de “un robo a mano armada” ya que supone “la expropiación de la fundación de Unicaja, algo que es muy grave”.
Jiménez avisó de que “estudiaremos las vías que correspondan en defensa de las competencias que tenemos por el Estatuto de Autonomía”.
Tampoco ha sentado bien la enmienda en el PNV, que ve cómo tras meses de negociaciones el Gobierno podría pasar a arrebatarle el protectorado de Kutxabank en un futuro próximo. El portavoz económico jeltzale, Pedro Azpiazu, señaló que la enmienda está “al margen del marco jurídico vigente”, en concreto al Estatuto de Gernika. “Trabajamos durante bastante tiempo para alcanzar un acuerdo en materia de fundaciones bancarias, y esta enmienda rompe ese acuerdo. No podemos aceptar ninguna norma que modifique la distribución de competencias convenidas en el Estatuto”.
La enmienda de la discordia es la que establece que para determinar la actividad principal de una fundación bancaria a efectos de atribuir el protectorado al Ministerio de Economía o a la comunidad autónoma se tendrá en cuenta “tanto la implantación territorial de la obra social como la distribución territorial de los depósitos captados por las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente la fundación”.
En concreto el Gobierno central ejercerá el protectorado siempre que la fundación tenga una participación directa o indirecta en la entidad de al menos un 10% del capital o los votos, cuando sea su mayor accionista o cuando el 40% o más de sus depósitos estén captados en otra región. El Congreso aprobó ayer esta enmienda sólo con los votos a favor del PP. PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y Amaiur votaron en contra, mientras que UPyD y CiU se abstuvieron.
El portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, explicó ayer que su rechazo se debía “fundamentalmente” a este cambio. “Esta enmienda no ha sido negociada, no ha habido aviso y no hay explicación, porque la Ley de Cajas se aprobó en diciembre y es inexplicable que tan poco tiempo después se cambie radicalmente”, señaló, para avisar además de “una defensa legítima por parte de las comunidades autónomas de sus competencias estatutarias”.
En la misma línea, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ya criticó que la enmienda fue introducida de manera “nocturna y alevosa”, y acusó al Gobierno del PP de querer “expropiar la capacidad que tienen las comunidades autónomas de planificar e implantar políticas, junto a estas entidades, en el territorio donde se han fundado”. A su juicio, se trata de un “golpe bajo a la estructura económica de Andalucía y va contra nuestro Estatuto de Autonomía”, además de “un robo a mano armada” ya que supone “la expropiación de la fundación de Unicaja, algo que es muy grave”.
Jiménez avisó de que “estudiaremos las vías que correspondan en defensa de las competencias que tenemos por el Estatuto de Autonomía”.
Tampoco ha sentado bien la enmienda en el PNV, que ve cómo tras meses de negociaciones el Gobierno podría pasar a arrebatarle el protectorado de Kutxabank en un futuro próximo. El portavoz económico jeltzale, Pedro Azpiazu, señaló que la enmienda está “al margen del marco jurídico vigente”, en concreto al Estatuto de Gernika. “Trabajamos durante bastante tiempo para alcanzar un acuerdo en materia de fundaciones bancarias, y esta enmienda rompe ese acuerdo. No podemos aceptar ninguna norma que modifique la distribución de competencias convenidas en el Estatuto”.
Fuente: EL BOLETÍN.com
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